La Junta Nacional y los Presidentes de las Seccionales de ASPU reunidos en Bogotá el pasado 18 y 19 de abril de 2007, analizaron las últimas medidas que se vienen tomando en las universidades y por parte del gobierno nacional y revisaron el cumplimiento de las tareas adoptadas en los plenarios anteriores. Teniendo en cuenta lo anterior se concluyó:
A. Se agrava la situación financiera de las universidades con las medidas contenidas en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND 2006-10).
El Gobierno Nacional propuso en el proyecto de Ley del PND 2006-10:
El Artículo 27 donde se faculta al Gobierno para modificar los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas, obligándolas a hacer ajustes en sus estructuras financieras y de costos. Lo anterior no puede significar nada diferente a lo ya propuesto expresamente por el Gobierno, la asignación de recursos con base en indicadores de gestión. Si así se aprobara, la mayoría de universidades recibirían asignaciones menores a las del año anterior, por cuanto en estos momentos han llegado al tope de la ampliación de cobertura con los mismos recursos y padecen el hacinamiento de sus estudiantes, profesores y trabajadores. La tendencia generalizada a contratar profesores ocasionales, sólo para docencia, causa un efecto negativo en la productividad académica e investigativa de los mismos, y este es otro de los indicadores principales. Y así podemos seguir analizando los diferentes aspectos para llegar a esta conclusión.
El Artículo 32 sobre Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Públicas del Orden Nacional dispone la creación de Fondos de Pensiones en cada universidad, a los que deben concurrir la Nación y las propias universidades, en la misma proporción en que cada una participa en el presupuesto total de la respectiva universidad. Dispone también que las sumas de dinero que la Nación ha transferido a las universidades para atender el pago de sus pasivos pensionales a partir del año 1993, se entienden como un pago parcial del aporte de concurrencia de la Nación. Y en el Parágrafo de este artículo, dispone aplicar esta misma disposición a las universidades territoriales cuando sus pasivos pensionales estén a cargo de las cajas de previsión territoriales o quienes las hubieren sustituido.
De aprobarse este último artículo las universidades nacionales se verían en la obligación de aportar a dichos Fondos, entre el 20% y el 40% del valor total de su pasivo pensional; el 20% era en promedio el porcentaje de participación de los recursos propios, en el presupuesto total de las universidades estatales en el año 1993 y el 40% es en promedio lo que hoy representan esos mismos recursos propios en el presupuesto total. Pero además nunca ingresarían al Fondo los recursos que la Nación ha aportado desde el año 1993 para atender los pagos pensionales.
B. Las medidas de ajuste que se están tomando al interior de cada universidad dificultan cada vez más el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión en condiciones dignas y adecuadas y no garantizan la calidad del trabajo universitario
La labor académica de los profesores se aumenta más cada período académico, se disminuyen los recursos para atender los planes de capacitación docente, la concesión de años sabáticos y comisiones de estudio se han restringido al máximo, cada profesor debe cubrir los costos de su formación y capacitación académica, los recursos asignados no alcanzan para hacer las dotaciones necesarias en los laboratorios, las bibliotecas e inclusive para las dotaciones necesarias de papel , tizas o marcadores y borradores, bienestar universitario no cuenta con recursos para mitigar aunque sea en una mínima parte las múltiples necesidades que aquejan a un inmenso número de estudiantes, las que necesariamente inciden negativamente en su rendimiento académico y en su deserción de las aulas.
Se profundiza la política de vinculación de docentes temporales, ocasionales y catedráticos, se limitan sus funciones a la docencia, se les recortan sus derechos salariales y las prestaciones sociales, su condición les limita el derecho de asociación sindical y los hace vulnerables a la manipulación por parte de las directivas universitarias.
C. Avanzan las reformas académicas y estatutarias regresivas en las diferentes universidades
En la Universidad Nacional se sigue aplicando la reforma impuesta por Marco Palacios y en las demás universidades se sigue adecuando el trabajo académico a la política impuesta desde el ministerio de Educación Nacional de formación por competencias, aplicación de los créditos académicos, acreditación de programas e institucional, observatorio laboral, desconociendo totalmente la autonomía académica de las universidades.
Y en el campo del gobierno universitario o de la autonomía administrativa, en las universidades se adelantan reformas tendientes a eliminar de los estatutos generales las diferentes formas de participación de la comunidad universitaria.
D. Es evidente la política de persecución sindical adelantada por los rectores contra algunas seccionales de ASPU.
Casos muy graves de persecución sindical se presentan en la Universidad de Pamplona, en la Universidad del Magdalena y en la Universidad de Córdoba.
En Pamplona se desconocen los procesos eleccionarios realizados al interior de ASPU y se destituye al Presidente de la Seccional profesor Doctor Alberto Bocanegra Díaz, después de adelantarle un ilegal y expedito proceso verbal disciplinario. Se niegan en la práctica los permisos sindicales para asistir a las convocatorias realizadas por ASPU Nacional y se niegan los permisos sindicales a los miembros de la Junta Directiva.
En la Universidad del Magdalena se adelanta proceso disciplinario contra uno de los miembros de la Junta Directiva de ASPU, se desaloja al sindicato del espacio físico que tenía asignado en la Universidad, la administración interviene en la realización de las tareas del sindicato dando orientaciones a los profesores.
En Córdoba se adelantaron procesos disciplinarios contra los profesores integrantes de la Junta Directiva de ASPU por la realización de una asamblea, pero se logro desvirtuar los cargos. De nuevo se han iniciado disciplinarios en contra de varios profesores dirigentes sindicales y representantes quienes vienen al frente de las denuncias al rector Claudio Sánchez y sus vínculos con el confeso paramilitar Salvatore Mancuso. A su vez se han iniciado de oficio los trámites para el reconocimiento de la pensión a otro dirigente profesoral.
El Plenario modificó la fecha de realización de la ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS para los días 3 y 4 de agosto de 2007.
La razón determinante del cambio fue la no inscripción de planchas dentro del término inicialmente acordado. La fecha seleccionada tuvo en cuenta el periodo de vacaciones de mitad de año y los términos estatutarios. Se acordó prestar especial interés a la reforma estatutaria que se ha de realizar, enviando oportunamente las propuestas para su divulgación y debate. Se aprobó la reglamentación del proceso de elección de la nueva junta directiva y se adoptó una propuesta de plancha susceptible de modificación. En escrito aparte se enviará esta información.
Igualmente el Plenario aprobó la cooptación de cuatro compañeros para integrar la Junta Directiva Nacional, para reemplazar la falta definitiva por muerte o renuncia de igual número de compañeros. Los profesores designados fueron: Martha Andrade de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Eugenio Gutierrez de la Universidad Distrital de Bogotá Francisco José de Caldas, Ernesto Camargo Suárez de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el profesor Éver Pérez de la Universidad de la Amazonía.
El 19 de abril las Universidades Públicas con sede en Bogotá realizaron una masiva movilización por el respeto a los Derechos Humanos de los Universitarios; voceros de esta movilización fueron recibidos por el Ministerio Interior y Justicia; el Presidente Nacional de ASPU informó los resultados de la reunión en relación con las medidas de seguridad que deben adoptarse para proteger la vida y la seguridad personal de los universitarios. La Señora Viceministra Maria Isabel Nieto se comprometió ha revisar en Acuerdo de Sochagota, las medidas tomadas en ocasiones pasadas y se hará una evaluación de las mismas; y el próximo 18 de mayo se hará una nueva reunión en el Ministerio del Interior y Justicia donde se entregara por escrito una respuesta a las inquietudes formuladas en la reunión del 19 de abril.
ANTE LAS AMENAZAS CONTRA LA VIDA Y DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS, Y SUS ORGANIZACIONES GREMIALES, EN PARTICULAR DEL PROFESORADO Y ASPU, CONTRA LA POÍTICA GUBERNAMENTAL ,EN CONTRA DE LA FINANCIACIÓN, ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD DEL TRABAJO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, EL III PLENARIO NACIONAL DE ASPU DESIDIO:
4. Denuncia y rechaza la persecución sindical, las violaciones al derecho de asociación, a la libertad sindical, así como las amenazas contra sus dirigentes, sus asociados y en general los universitarios. Estos hechos se pondrá en conocimiento de la OIT, de la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Procuraduría General y de la Defensoria del Pueblo.
6. Rechazar y denunciar la persecución, el acoso laboral contra los profesores de ASPU-Universidad de Pamplona; en especial contra su Presidente el profesor ALBERTO BOCANEGRA (Doctor-Investigador y reconocido académico), denunciamos su destitución en forma ilegal y violando en forma flagrante el debido proceso y las amenazas que contra su vida se le han formulado por celular y por comentarios que circular en la Universidad y en la ciudad de Pamplona.
7. Rechazamos el modelo de Rectores autoritarios y arbitrarios que ha impulsado e impuesto el Gobierno Nacional, en algunos casos atendiendo las presiones del quehacer parapolítico.
8. Igualmente denunciamos el proceder autoritario, ilegal y de terror impuesto en la Universidad de Pamplona por el Capitán(r) ALVARO GONZALEZ JOVES, quien sin una trayectoria académica reconocida, fue impuesto como Rector hace ocho años, continua en contravención de las normas constitucionales, legales y estatutarias, montando un sistema clientelar, de amendrantamiento a toda la comunidad universitaria y de atropello a los profesores de mayor trayectoria académica.
ES DEBER ÉTICO DE CADA UNO DE LOS UNIVERSITARIOS DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
CONTRA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN LA QUIEBRA DE LAS UNIVERSIDADES MOVILICEMONOS