ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
La Junta Nacional y los Presidentes de las Seccionales de ASPU, reunidos en Bogotá D.C., el 6 y 7 de febrero, en el Primer Plenario Nacional de ASPU en el 2007 analizó la siguiente temática:
A. UNIVERSIDADES EN DEFICIT PRESUPUESTAL EN EL 2007. Analizado el presupuesto nacional del año 2007, Ley 1110 y el Decreto de Liquidación 4579 de 2006, observamos como el 94% de las universidades públicas tiene un ajuste de presupuesto en funcionamiento inferior al 3,8%, por debajo del IPC del año 2006 (4,8 %), desconociendo el mandato legal consignado en el artículo 86 de la Ley 30; este problema lo denunciamos a tiempo, en nota del 20 septiembre de 2006 (1) enviada al Congreso de la República, donde se demostró una deuda de 360 mil millones de pesos con las universidades públicas de los aportes del presupuesto nacional del 2003 al 2007. Demandamos el inmediato cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30/92.
El Gobierno Nacional en el proyecto de ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 2006 – 2010, propone en su artículo 27 una nueva forma de asignación de recursos a las Universidades Públicas y las obligará a realizar ajustes en sus estructuras financieras y de costos.
B. CRISIS EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES. Si bien es cierto que Min-Hacienda presupuestó para el 2007 un rubro independiente por 232.241 millones de pesos para la redención de bonos de valor constante tipo A y B para el pago de pensiones en las universidades territoriales y de 199.164 millones para las universidades nacionales, como lo expone Min-Hacienda en su respuesta a ASPU, en relación con la carta enviada a los Parlamentarios de fecha 12-12-06 (2), estos recursos son insuficientes y continúa la crisis para el pago de mesadas y bonos pensionales, al final del año no habrá recursos para cubrir los pagos. Igualmente el Gobierno Nacional sigue desconociendo el sistema pensional aplicado en las universidades, que se ampara en el régimen de transición y/o convenciones o acuerdos colectivos, creando fuertes desbalances presupuestales que afectan el normal funcionamiento y pagos en las universidades; Min-Hacienda presiona con la retención o demora en el giro de recursos, la inaplicación de estos sistemas pensionales y las demandas de las pensiones hoy reconocidas.
Adicionalmente el Gobierno Nacional en el proyecto de ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 2006 – 2010, propone en su artículo 30 la creación de COLPENSIONES, como única empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, para la administración estatal del Régimen de Prima media con Prestación Definida y así desaparecer a las otras administradoras públicas como el ISS; y en el artículo 31 crea una Unidad Administrativa Especial Gestión de Obligaciones Pensionales y Fiscalización de Contribuciones Parafiscales. Estos cambios hay que analizarlos y hacerles seguimiento porque pueden causar mayores traumatismos en el manejo de las pensiones públicas o cambios en el régimen de transición de prima media, en pensiones.
C. PÉRDIDA EN LOS INGRESOS DE LOS PROFESORES. Denunciamos el no acatamiento por parte del Gobierno Nacional (actual Plan de Desarrollo), Gobiernos Territoriales y autoridades universitarias, al cuarto y quinto Resuelve de la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, de corregir la pérdida de valor adquisitivo en los salarios de los servidores públicos de las universidades estatales ocurrida entre el año 2003 y el 2007. Además en la mayoría de las instituciones se han desconocido las bonificaciones que corregían el desajuste producido entre el año1998 y el 2002, lo que sumado a los ajustes a las tasas impositivas, han deteriorado gravemente los ingresos mensuales y anuales de los profesores.
Sobre este particular se resalta el cuarto resuelve de la Sentencia C-931/04 y el texto que sobre este tema le contesta Min-Hacienda a ASPU, en la carta del 12-12-06, que se transcribe: “Sobre el incremento salarial de los servidores públicos de las Universidades, es preciso señalar que la Nación no financia los costos del funcionamiento de las Universidades Públicas, sino que los aportes de la Nación constituyen una de las fuentes de financiación de los mismos, y de acuerdo con lo fallado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-220797, la Nación apropia recursos globales a las Universidades Públicas y son éstas quienes, junto con los demás recursos, es decir los aportes territoriales y sus rentas propias, elaboran sus presupuestos y los distribuyen de acuerdo con sus necesidades, y son los Consejos Superiores los facultados para su aprobación. Así las cosas, le corresponde a cada ente universitario atender los gastos que le demanda el cumplimiento de su objetivo social y los que las normas legales les señalen.” En otras palabras son los Consejos Superiores los responsables directos de no haber expedidos los actos administrativos para cumplir con el mandato constitucional y el cuarto resuelve de la Sentencia mencionado para asegurar que los salarios se ajusten para mantener su poder adquisitivo.
D. DENUNCIA Y RECHAZO A LA REESTRUCTURACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN INCONSTITUCIONAL E ILEGAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Y A LA INTENCIÓN DE HACER DE ESTE UN PROYECTO APLICABLE A OTRAS UNIVERSIDADES. La U. del Atlántico fué sometida a reestructuración dentro del marco de la Ley 550 de 1999 en forma irregular porque esta ley no era aplicable a las Universidades, situación que el Gobierno subsanó a posteriori logrando la expedición de la Ley 922 del 2004 que las incluyó, vaciando así la esencia de la autonomía universitaria. Luego el mismo Gobierno forzó la aprobación de un Acuerdo de Reestructuración, sin los suficientes conocimientos y explicitación sobre las implicaciones de su firma por parte del Consejo Superior y sin la mas mínima participación de la comunidad universitaria. No bastando todo ello, ahora se practica otro modelo de reestructuración que no sigue los lineamientos del Acuerdo Pactado, actuación per se ilegal, mediante la cual se desvinculó a todo el personal administrativo de planta con la supresión de sus respectivos cargos, 439 en total, cuando en el Acuerdo aprobado sólo se contabilizaron 173 y lo mismo se quiere hacer con los profesores.
El Plenario también conoció y analizó la implementación y las diferentes manifestaciones de este Proyecto de Reestructuración en diez o doce universidades más, en las regiones caribe, cafetera y del sur-occidente, donde se ha puesto en funcionamiento el mismo sistema de programación académica y de asignación de labor académica a los docentes, es el sistema conocido como “Plataforma Siglo XXI”, elaborada en la Universidad de Pamplona, cuya aplicación está ocasionando no pocos problemas en el funcionamiento académico de estas universidades. También se está implementando un “modelo de universidad” elaborado dentro de un convenio celebrado entre la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle.
E. CRISIS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA Y LA PARAPOLÍTICA. Colombia atraviesa su peor crisis societal e institucional, producto de su estructura y relaciones socioeconómicas, la inequitativa distribución de la riqueza y de los medios de producción, acelerada por la política neoliberal o neoconservadora que combinada con el narcotráfico, el paramilitarismo y el terrorismo de estado, nos condujo a una dictadura de clase, impuesta por una minoría excesivamente rica y corrupta sobre la inmensa mayoría de los colombianos. Nos duele y condenamos la parapolítica, que focalizó a la universidad, en particular a la pública, como objetivo de su política de copamiento, control, expoliación y crímenes de lesa humanidad, la que oportunamente denunciamos judicial y políticamente. Nos reafirmamos en nuestra propuesta del último Plenario del 2006 que para salir de esta grave crisis es necesario construir una nueva institucionalidad y unas nuevas relaciones sociales, políticas y económicas entre los colombianos basadas en la transparencia, la ética, la justicia y la democracia y cambiar de gobierno y congreso; tarea que exige el fortalecimiento de la Universidad Pública.
Exigimos verdad y una pronta, transparente y reparadora justicia para con la comunidad universitaria y los familiares de sus víctimas y la devolución efectiva de la autonomía universitaria.
En atención al anterior análisis el I PLENARIO NACIONAL DE ASPU EN EL 2007, por unanimidad
APROBÓ :
1º. Realizar jornadas de movilización en todas las universidades, especialmente en las de la Región Caribe, en apoyo a las actividades de rechazo a la Reestructuración de la Universidad, que viene realizando la comunidad de la Universidad del Atlántico,
2º. Instalar mesas de trabajo en todas las Universidades para discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2006 -2010, el Plan Decenal de Educación, la política curricular de Formación y Evaluación por Competencias y la Evaluación de los Profesores Universitarios y desarrollar talleres de formación político sindical y perfeccionamiento docente.
3º. Realizar encuentros locales y un segundo encuentro nacional sobre la problemática de los profesores temporales.
4º. Estudiar la situación del sistema de seguridad social en salud de los servidores de las Universidades, las implicaciones de la liquidación del ISS y los problemas de las Unidades de Salud propios de las Universidades Públicas; e impulsar la creación de nuevas Unidades Salud Universitarias y coordinar el trabajo mancomunado de las existentes para su defensa y fortalecimiento y definir otras acciones judiciales contra los actos administrativos del Ministerio de la Protección Social que limitan la recepción de aportes y la población afiliada a las Unidades.
5º. En cada universidad elaborar, aprobar en asamblea de afiliados y presentar Pliego de Peticiones sobre ajuste salarial, bienestar profesoral y otras mejoras en las condiciones de trabajo de los Profesores Universitarios.
6º. Realizar una JORNADA NACIONAL DE PROTESTA el próximo 7 de marzo por mayores aportes presupuestales del Gobierno a las Universidades Públicas para funcionamiento y pensiones, un ajuste salarial que signifique, no solo mantener el poder adquisitivo de estos, sino un incremento real y contra el modelo de reestructuración adelantado en la U. del Atlántico.
7º. Promover una MOVILIZACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA el 27 de marzo por la verdad, la justicia, la reparación a las victimas y familiares de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia y por un nuevo modelo societal en Colombia.
8º. Concurrir al Consejo Nacional de FENALPROU, el próximo 23 de febrero, ampliado con los Representantes Profesorales y al Segundo Plenario Nacional de ASPU del día 24 del mismo mes.
9º Acoger la Agenda de Trabajo de la Gran Coalición Democrática, aprobada para el presente año 2007.
10º. Convocar la ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS los días 26, 27 y 28 de abril de 2007 para algunos ajustes estatutarios y elección de la Junta Directiva Nacional, quedando abierta las inscripciones de planchas hasta el día 27 de marzo de 2007.
PLENARIO NACIONAL DE ASPU
POR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y UNAS NUEVAS RELACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS ENTRE LOS COLOMBIANOS BASADAS EN LA TRANSPARENCIA, LA ÉTICA, LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA
POR EL RESPETO A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LAS DECISIONES Y POR ADMINISTRACIONES TRANSPARENTES E INDEPENDIENTES DE LA CORRUPTELA GUBERNAMENTAL