LA EDUCACIÓN SUPERIOR  EN LOS PLANES DE DESARROLLO


GLORIA CECILIA ARBOLEDA F

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ASPU-FENALPROU

La simple lectura de  la propuesta del Gobierno Nacional para la Educación Superior plasmada en el  Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,  de la Guía de Trabajo propuesta por el MEN para la supuesta construcción colectiva del Plan Decenal de Educación y del Documento que contiene la Propuesta para educación, del MEN que hace parte del Plan Visión 2019,  permite encontrar los mismos elementos de esta política pública. Estamos frente a una política de Gobierno que pretende convertirse en política de Estado.
A continuación sintetizamos los elementos de esta política, no sin antes advertir que son los mismos que caracterizaron la política educativa contenida en el anterior Plan de Desarrollo del Gobierno de Uribe Vélez, de la “Revolución Educativa”.

Las propuestas contenidas en estos Proyectos de Plan están orientadas por tres ejes:

En relación con cada eje se fijan unas METAS a alcanzar y para el logro de cada una  de las metas se proponen  unas ESTRATEGIAS, así:

Primer eje:     AMPLIACIÓN DE COBERTURA (300.000 nuevos cupos)

METAS:


2005           24,6% 
2010           34%
2019           50%


2005                T&T               25%                Universitaria              75%
2010                T&T               35%                Universitaria              65%
2019                T&T               60%                Universitaria              40%


2003:               50%
2010:              40%
2019:               25%

ESTRATEGIAS

  1. La Financiación de la demanda que se logrará  a partir del crédito educativo, se aspira a colocar una cartera de 30 billones y a tener un 20% de estudiantes con créditos en el ICETEX. Se implementará el sistema de crédito de tasa retributiva y se propone utilizar otras fuentes de financiamiento como las cooperativas y la empresa privada.
  2. Para el Mejoramiento de la Equidad se proponen los subsidios de sostenimiento y demás medidas que permitan aumentar el acceso de la población más pobre, perteneciente al SISBEN del I al III, del  14% al  25%
  3. La Disminución de la Deserción se pretende mediante sistemas de estímulos que incentiven la retención y el manejo de los indicadores de deserción en los procesos de aseguramiento de la calidad.
  4. Adecuar y flexibilizar la oferta educativa a través de
    1. Promoción de la Formación Técnica y Tecnológica, para lo cual se propone crear 200.000 nuevos cupos en el presente cuatrienio.
    2. Desconcentración de la oferta a través de los Consejos Regionales de Educación Superior CERES, la regionalización y la educación virtual. De tal manera que al terminar el cuatrienio el 50% de los municipios tengan estudiantes matriculados en las diferentes metodologías de la educación superior y el 100% de los programas tengan  más del 80% de virtualidad.
    3. Articulación de la Educación  Media con la Superior mediante un programa masivo de orientación profesional y la incorporación de las Normales Superiores dentro del Sistema de Educación Superior.
    4. Apoyo a estrategias alternativas de oferta educativa de las IES públicas, como los programas en jornadas especiales.

 

Segundo eje:  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Estrategias Transversales:
Un sistema educativo basado en la formación por competencias y con estándares definidos.
Un sistema de evaluación que garantice la comparabilidad de los resultados entre los diferentes niveles educativos y referenciado internacionalmente.

Fortalecimiento de la competitividad a través del bilingüismo, las  Tecnologías de Información y la Comunicación TICs y la formación en competencias laborales generales.

Remuneración y Carrera Docente estructurado bajo el esquema de incentivos ligado a resultados de calidad.

Eje articulador del sistema educativo:   Las competencias. Competencias Básicas, Competencias Ciudadanas y Competencias Laborales Generales dependiendo del nivel de educación de que se trate.

 

METAS:

Programas académicos con Registro Calificado (condiciones mínimas de calidad verificadas)


2006                4.093   (51%)              de un total de 8.057 programas.
2010                8.057   (100%)

Programas de educación superior Acreditados voluntariamente con altos niveles de calidad
2006                350                              de un total de 8057 programas
2010                850                              de un total de 8057 programas

IES con acreditación institucional:

Formación Doctoral:

           

2006 Docentes en Tiempos completos con título de doctorado:                    10%
      2010 Docentes en Tiempos completos con título de doctorado                     18%

Fomento a la Investigación:

      2006 Docentes Doctorados en TC  en labores de investigación:                    ND
            2010 Docentes Doctorados en TC  en labores de investigación                     50%

ESTRATEGIAS. Instrumentos y metas para cada estrategia:

 

Tercer eje:                  MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR.

ESTRATEGIAS:
Fortalecimiento de la gestión de las IES: Todas las IES adoptarán Sistemas Integrados de Gestión

Seguimiento y Monitoreo del subsector de Educación Superior.

 

CONFRONTACIÓN ENTRE LA PARTE PROPOSITIVA Y EL PLAN DE INVERSIONES EN EL PND 2006-2010

 

Primera consideración:
Las condiciones financieras que para las universidades públicas propone el PND generarán en estas una situación de crisis financiera que puede conducirlas a la inviabilidad,  al cierre o a una reestructuración que las desnaturaliza. Veamos:
Artículo 6. Numeral 3.3 sobre un fondo para la financiación de la educación superior con el impuesto a los egresados de las IES Públicas.
Artículo 34 que en la propuesta inicial aparecía como Art.27, Sobre asignación de recursos a las universidades públicas, disponía que el Gobierno Nacional “modificará los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas……”. Al confrontar esta norma con la parte del Plan referida al Mejoramiento de la Eficiencia del sector, se propone como estrategia  la asignación de recursos con base en indicadores. Ello significa modificar el art. 86 de la Ley 30 de 1992, no asignar los recursos del presupuesto incrementados como mínimo en el IPC. El resultado puede ser desfavorable para la mayoría de las universidades, que agobiadas por el rigor de la política de ajuste de los últimos años les será difícil obtener buenos resultados cuando se les apliquen los indicadores de ampliación de cobertura,  investigación, número de profesores con doctorado o maestría, mejoramiento de infraestructura etc.
Si el Estado reduce las transferencias,  la Universidad no tendrá recursos para sacar adelante las propuestas del Plan de Desarrollo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad y el círculo se seguirá cerrando en los años venideros hasta que la financiación estatal prácticamente desaparezca; pero antes lo hará a universidad pública que hoy existe y está garantizando el derecho a la educación a un significativo número de jóvenes colombianos.
Este artículo no fue aprobado sino en la parte contenida en el Parágrafo del inicial  art. 27

Artículo 38, numerado inicialmente como el 32,  Sobre el saneamiento del pasivo pensional de las universidades estatales del orden nacional.
El Gobierno propuso durante el trámite, y así lo aprobó el Congreso, que las universidades deben asumir el pago del pasivo pensional mediante la creación de Fondos de Pensiones en cada universidad, a los cuales debe concurrir también la Nación, “en la misma proporción en que haya contribuido al presupuesto de la respectiva universidad, teniendo en cuenta el promedio de los cinco (5) últimos presupuestos anuales, anteriores al año de iniciación de la vigencia de la presente ley” (Texto del art.131 de la Ley 100/93).  Corresponderá a las universidades concurrir con, entre  el 10% y el 40% del total del pasivo pensional (mesadas pensionales, bonos pensionales y cuotas partes) según la interpretación y reglamentación que se expida.
Aparentemente el Gobierno propone una solución al problema de interpretación jurídica que para él existe, pero no es así y el Gobierno lo tiene claro.
El hecho de hacer recaer dichas obligaciones pensionales sobre los presupuestos de las universidades, congelados a pesos del año 1993, desestabiliza totalmente a las universidades hasta el punto de hacerlas no viables financieramente. Y frente a esta inviabilidad, el caso de la Universidad del Atlántico señaló el camino de la aplicación de la Ley 550 de 1999 y de la Ley 922 del 2004 para su reestructuración o liquidación.

Alertamos que esta disposición también se aplicará a las universidades territoriales

Segunda Consideración.
No existen posibilidades reales de cumplir las metas propuestas en el PND, estas son  una falacia.
Se desprende de la consideración anterior.

Con qué recursos se va a ampliar la cobertura en 300.000 cupos más y en qué planta física se van a atender; con qué recursos se van a capacitar los 2000 nuevos doctores; se van a conformar los 10 nuevos Centros de Investigación de Excelencia.; se financiarán los planes de formación y capacitación docente; se financiará el fomento a la investigación; se financiarán los estímulos para evitar la deserción de los estudiantes y los subsidios de sostenimiento a estudiantes para mejorar la Equidad?
Será que los profesores ocasionales o catedráticos tendrán la posibilidad real de tener una productividad académica por lo menos igual a la que se ha producido tradicionalmente en las universidades públicas.
Si en estas nuevas condiciones se aplican los indicadores de gestión, los resultados  serán favorables a la universidad pública o sobrarán recursos para asignar a las universidades privadas?
Pueden  las  Universidades públicas seguir funcionando, por lo menos como hasta hoy, con menos recursos?

 

Tercera consideración
Esta política educativa no le conviene al país, sino a los mercaderes de la educación.

Si el Estado colombiano se descarga de la obligación de financiar el funcionamiento y desarrollo de la Universidad Pública, no está cumpliendo con su obligación constitucional (art.2º de la C.P.) de  garantizar la efectividad del  Derecho a la Educación de los colombianos.
Sobre el tema presento las ideas expuestas por el profesor Alberto Bocanegra Díaz, Doctor en Química, investigador, presidente de ASPU Pamplona:
La propuesta contenida en Visión 2019,  que es la misma del PND, de brindar  mayor apoyo económico y logístico a la formación de técnicos y tecnólogos, en detrimento de la formación de profesionales e investigadores, conduce al país a la condición de servidumbre. El Gobierno por esa vía impide desarrollar en las universidades colombianas tecnologías propias y prepara siervos que utilicen la tecnología foránea. De esta forma se afecta la libertad y la soberanía nacional. Basta con que los dueños de la  tecnología corten los  servicios para asfixiar la economía nacional.
El Estado colombiano debe hacer el esfuerzo de formar profesionales e investigadores que investiguen para el país, fomentar la investigación básica y aplicada y desde allí generar tecnología al servicio de la sociedad colombiana. Corresponde a la universidad pública el desarrollo de esta labor investigativa de largo plazo, no medida por los cortoplasistas parámetro de la utilidad práctica. No es su papel social el apropiarse acríticamente de la tecnología foránea, sino la investigación, la innovación, la crítica y la creación artística; es el espacio donde la ciencia, las humanidades, el arte y la tecnología se recrean a sí mismas y a través de ello a la sociedad misma.

Bogotá, 15 de mayo de 2007.